Wilson Ruiz Orejuela, abogado, con una amplia experiencia profesional en derecho público, específicamente en el área contencioso administrativo, es el ministro de Justicia y Derecho de Colombia desde septiembre de 2020, bajo el Gobierno de Iván Duque. 

Ha sido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, del que fue presidente entre 2015 y 2016, así como de la Sala Disciplinaria de este órgano (2012 y 2015), y procurador delegado ante el Consejo de Estado (2009-2010). 

Wilson Ruiz nació en el Valle del Cauca, al sudoeste de Colombia, y se graduó en 1995 en Derecho por la Universidad Libre de Colombia. Posteriormente cursó dos posgrados en Derecho Administrativo, en la Universidad de San Buenaventura (Cali, Colombia) y en la Universidad de Salamanca, en España. 

Realizó cursos avanzados del programa doctoral en Derecho Público en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) y en el año 2015 obtuvo el doctorado "cum laude" en Derecho por la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España). 

Ruiz, que en 2008 fue candidato para ser Defensor del Pueblo, cuenta con una amplia trayectoria como docente e investigador en distintas universidades y ha sido consultor de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para temas jurídicos enfocados en las especialidades civil y administrativa. 

Asimismo, ha ejercido de árbitro de las Cámaras de Comercio de Cali, Bogotá y Barranquilla, y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de la Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

Ha publicado numerosos libros y artículos especializados sobre temas judiciales, derechos humanos, salud y medio ambiente. Y ha recibido diversos reconocimientos en su país, del ámbito judicial, del Congreso de la República, del Ministerio de Defensa Nacional o de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, entre otros. 

Como ministro de Justicia y Derecho, Wilson Ruiz tiene en su cartera acercar la justicia al ciudadano, el expediente digital, la consolidación y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, así como participar en la denominada "Ruta Futuro", la política gubernamental que tiene como objetivos la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario.